Stowarzyszenie Sędziów Chile o okresie dyktatury gen. Pinocheta

Oryginalna treść wydanego dzisiaj w Santiago oświadczenia Stowarzyszenia Sędziów Chile o zachowaniu się aparatu sprawiedliwości podczas dyktatury gen. Augusto Pinocheta.


Con ocasión de cumplirse 40 años desde el quiebre de nuestra democracia el año 1973, con la consecuente instauración de una dictadura militar bajo la cual se perpetraron, indiscutiblemente desde el Estado, sistemáticas, extendidas y brutales violaciones a los derechos humanos de los habitantes de nuestro país, el Directorio de la Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial de Chile ha decidido no seguir al margen de la necesaria reflexión que a todas las instituciones esenciales de la República cabe en torno a estos hechos.

Estimamos que no es posible eludir la responsabilidad histórica de nuestra judicatura en relación a la vulneración de los derechos básicos de la persona humana producidos durante el régimen dictatorial. Hay que decirlo y reconocerlo con claridad y entereza: el Poder Judicial y, en especial, la Corte Suprema de la época, claudicaron en su labor esencial de tutelar los derechos fundamentales y proteger a quienes fueron víctimas del abuso estatal.

Nuestra judicatura incurrió en acciones y omisiones impropias de su función, al haberse negado, salvo aisladas pero valiosas excepciones que nos honran, a prestar protección a quienes reclamaron una y otra vez su intervención. La inadmisibilidad o el rechazo por parte de nuestros tribunales de miles de recursos de amparo, muchos de los cuales fueron fundadamente interpuestos en nombre de compatriotas de cuya suerte nunca más se supo,  la negativa sistemática a investigar las acciones criminales perpetradas por agentes del Estado y la renuencia a constituirse personalmente en centros de detención y tortura, sin duda alguna, contribuyeron al doloroso balance que en materia de derechos humanos quedó tras ese gris período.

El  Poder Judicial pudo y debió hacer mucho más, máxime cuando fue la única institución de la República que no fue intervenida por el gobierno de facto.

Establecido lo anterior, como Asociación Nacional de Magistrados, sin ambigüedades ni equívocos, estimamos que ha llegado la hora de PEDIR PERDÓN a las víctimas, sus deudos y a la sociedad chilena por no haber sido capaces, en ese trance crucial de la historia, de orientar, interpelar  y motivar a nuestra institución gremial y a sus miembros, en orden a no desistir de la ejecución de sus deberes más elementales e inexcusables, a saber, el cumplimiento de la función cautelar que en sí misma justifica y explica la existencia de la jurisdicción.

Este perdón que hoy se pide, lejos de constituir una actitud de animadversión gratuita hacia algún sector, persona o grupo, constituye la genuina expresión de un compromiso férreo y claro en el presente y hacia el futuro de nuestra judicatura con la tutela, protección y promoción de los derechos fundamentales de la persona humana, incluso y muy especialmente en contextos en los cuales estos se vean más expuestos y vulnerables, como garantía de que nunca más a las personas que habitan el territorio de nuestro país les será vedado el acceso a la justicia.

En el mismo orden de ideas, con serenidad y firmeza, invitamos a la Excma. Corte Suprema a realizar también la necesaria reflexión crítica en relación con sus propias actuaciones y omisiones del pasado, mediante las cuales no dispensó a los perseguidos ni a las víctimas la protección jurisdiccional que tanto y reiteradamente le fue reclamada.

Abrigamos la esperanza de que la actual Excma. Corte Suprema, cuyo rol de tutela de los derechos fundamentales ha quedado de manifiesto en el ejercicio presente de su función, no desoiga la sentida solicitud de los jueces que aspiran a distanciarse de un oscuro pasado que involuntariamente han recibido como herencia. La respuesta que esperamos aliviará a las actuales y futuras generaciones de magistrados de la vergüenza y oprobio anudados a este capítulo de nuestra historia, una de cuyas páginas más innobles habla de quien, ejerciendo en marzo de 1975 la Presidencia del más alto tribunal, no sólo negaba la existencia de las torturas y atrocidades que sufrían nuestros compatriotas, sino que al mismo tiempo expresaba que las Cortes estaban abrumadas por los numerosos recursos de amparo que, en sus palabras, habían traído perturbaciones a la administración de justicia.

Nos parece que se trata, por último,  de un paso esencial destinado a contribuir al reposicionamiento de la tradicional dignidad moral y republicana de nuestro Poder Judicial, en el seno de nuestra aún joven democracia.

Rodrigo Cerda. Presidente

María Francisca Zapata. Vicepresidenta

Cecilia Vega. Tesorera

Luis Aedo. Secretario de Actas

Alvaro Flores. Protesorero

Nancy Bluck. Directora

Patricio Souza. Director

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