„Prawa człowieka to niedokończone dzieło”

Treść wystąpienia byłego kostarykańskiego prezydenta, Oscara Ariasa, na forum poświęconym prawom człowieka w Wenezueli.


Oscar Arias, były prezydent Kostaryki i laureat Pokojowej Nagrody Nobla.

Oscar Arias, były prezydent Kostaryki i laureat Pokojowej Nagrody Nobla.

Amigas y amigos:
Mi profundo agradecimiento a los organizadores de este evento por brindarme la oportunidad de hablar sobre derechos humanos y de hacerlo precisamente aquí, en Venezuela, que en medio de las nubes de la incertidumbre busca el despunte de la luz de la razón, la luz que alimenta el entendimiento y la defensa de los derechos humanos.

A lo largo de los años hemos sido muchos los hombres y mujeres que hemos venido levantado la voz en contra de los seculares abusos que han sufrido los derechos humanos en el continente, y de haber propiciado miles de espacios de discusión fecunda entre la sociedad civil y los gobernantes. Gracias a ello, en América Latina, pese a todos sus problemas, hoy se habla un lenguaje distinto al de su pasado. Hoy, nuestra región habla más el lenguaje de la libertad que el de la represión, más el de la esperanza que el del miedo, más el de la dignidad de los ciudadanos que el del poder absoluto de los gobernantes, más el lenguaje de la Ilustración que el del oscurantismo.

La diseminación del lenguaje y las normas de los derechos humanos es uno de los cambios más notables que ha experimentado el mundo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, en un planeta cundido de dolores y sufrimientos producidos por la insensatez humana, en un mundo en el que tenemos niveles inaceptables de miseria, enfermedad, ignorancia y violencia, pese a que existen recursos de sobra para prevenirlas, siempre es posible preguntarse si la incesante proclamación de instrumentos de protección a los derechos humanos no es más que una hoja de parra para cubrir nuestro enorme fracaso y nuestra enorme hipocresía como especie.

Yo no lo creo así. Tal vez las palabras y el acto de nombrar nuestros derechos en textos escritos tengan el poder de ayudar a construir un mundo donde priven la razón y el derecho. Tengo muy claro de que los derechos y las libertades fundamentales no existen por su simple invocación. La práctica de las libertades y los derechos nunca es perfecta, porque se labra todos los días; se construyen abriendo brecha en un camino sin fin; se construyen gradualmente y con pequeñas victorias.

Creo que los derechos humanos son, pues, aspiraciones cuya materialización es una obra inconclusa, y es el deber de cada generación entregarle a la siguiente un mundo menos bárbaro, una realidad menos cruenta, que la que vivieron sus antepasados. Pero ¿cómo saber si avanzamos o retrocedemos? ¿Cómo saber si el expediente que hemos cosechado nos acerca o nos aleja del enunciado primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? En un país como Venezuela, a menudo enganchado en una lucha semántica en donde un bando denuncia un comportamiento como violación de los derechos humanos, y el otro lo justifica como defensa de la seguridad patria, ¿cómo saber quién se yergue del lado correcto de la historia?

La respuesta, como tantas veces, pasa por auscultar la salud del sistema democrático, el único sistema político verdaderamente compatible con la expansión constante de las libertades que es el blasón de la lucha por los derechos humanos.

Hoy que la convulsa situación venezolana está sacudiendo las raíces de nuestro sistema interamericano debemos recalcar lo que muchos líderes de la región, entre los cuales respetuosamente me incluyo, hemos venido señalando durante años acerca de los persistentes vicios y la fragilidad de las instituciones democráticas de varias naciones latinoamericanas. No se requiere hacer vaticinios para advertir que nuestras democracias corrían el riesgo de volver al pasado, si no consolidaban sus frágiles instituciones; que esa fragilidad se volvía más vulnerable si no se fortalecía en nuestros países el Estado de Derecho; y por último, si no afrontábamos con seriedad los altos grados de corrupción en nuestros aparatos estatales.

Empecemos por la democracia. Y empecemos por decir que la democracia es algo más que el artículo primero de nuestras Constituciones Políticas. Es, sobre todo, un delicado tejido de instituciones, reglas y capital social, que se decanta a través de reformas constantes. El abandono latinoamericano del cepo dictatorial, el gran logro de fin de siglo en nuestro continente, fue tan solo el inicio de un arduo proceso de consolidación institucional que aún se encuentra en etapa gestatoria. No me cansaré de repetir que nuestros sistemas políticos son endebles, y que lo seguirán siendo en la medida en que nos rehusemos a reconocer sus imperfecciones. Si Latinoamérica aspira a ser algún día sinónimo de democracia, debe hacer más méritos que celebrar elecciones periódicas y suscribir y defender la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos.
Debe empezar, entre otras cosas, por buscar vías para fortalecer sus partidos políticos. Debe robustecer sus sistemas judiciales y conferirles la independencia que garantice la aplicación efectiva de la ley, y la pronta resolución de los conflictos civiles y administrativos. Debe reformar sus mecanismos de rendición de cuentas y transparencia.

Debe establecer reglas precisas e imparciales para el financiamiento y la conducción de los procesos electorales. Debe buscar los mecanismos necesarios para asegurar que cualquier persona, o conjunto de personas, tenga verdaderas posibilidades de aspirar a un cargo público, permitiendo la realización de una de las principales promesas de la democracia: que las minorías pueden llegar a influenciar a las mayorías. Debe defender la existencia y proliferación de una prensa libre e independiente, que ejerza sobre el poder un control responsable. Debe diseñar sistemas de evaluación de las políticas públicas que aquilaten los resultados de la acción estatal. Debe promover e institucionalizar la participación ciudadana de forma que complemente y enriquezca el sistema de gobierno, en lugar de subvertirlo. Debe establecer una interacción saludable entre el Estado y el mercado, permitiendo una regulación que garantice la competencia y proteja los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Sin embargo, en América Latina seguimos sin hacer las reformas necesarias para consolidar nuestras instituciones y fortalecer nuestro Estado de Derecho. Seguimos siendo con frecuencia presas del mesianismo y del populismo. Seguimos aplaudiendo discursos revolucionarios que son vacíos en todo menos en su amenaza a la institucionalidad. Seguimos rehuyendo a la transparencia en el ejercicio del poder público. Seguimos siendo incapaces de garantizar la plena independencia de poderes. Seguimos irrespetando las reglas del juego, y haciendo del incumplimiento de las leyes un deporte nacional.

La democracia es mucho más que promover constituciones políticas, firmar cartas democráticas o votar en elecciones pluralistas una vez cada 4, 5 ó 6 años. La democracia es una forma de vida. Es una manera de hacer las cosas. De nada sirve nacer democráticamente, si se vive autoritariamente; si la política se ejerce desde la imposición, la coerción y la fuerza.

Ustedes saben muy bien a qué me refiero. Hay en nuestra región líderes que se valen de los resultados electorales para justificar comportamientos antidemocráticos. Utilizan el apoyo recibido en las urnas como un cheque en blanco, y aseguran que su proyecto político debe ser llevado a cabo a toda costa, incluso, de las garantías individuales ajenas. Se trata de un ejemplo clásico de uso perverso de un instrumento político: algo tan democrático como las elecciones, se emplea como escudo para subvertir las bases mismas de la democracia.

La gran ironía es que esos mismos líderes son menos aficionados de las elecciones cuando empiezan a perderlas. Un buen gobernante debe entender la naturaleza transitoria del poder y cuán inútil es pretender que uno es propietario de un bien que solo le fue dado en encomienda: la potestad de dirigir el destino de una nación. Un demócrata se reconoce no en su cenit, sino en su nadir. No cuando navega en la cresta de la ola, sino cuando retorna la marea, su popularidad decrece y su proyecto político se vuelve política, económica o socialmente inviable. Los liderazgos pasan, algunos después de cinco años, otros después de cincuenta, pero ninguno se escapa al ocaso. Lo que permanece, lo que queda, es el camino lento y ascendente de los pueblos en busca de un destino mejor, bajo un marco democrático.

Ahora bien, no solo los gobernantes tienen responsabilidades. También los pueblos deben aprender a apartar los espejismos de la demagogia y del populismo. El problema no son los falsos Mesías, sino las multitudes que acuden con palmas a celebrar su llegada. De nada le sirve a América Latina deshacerse de líderes con delirios autoritarios, tan solo para ser sustituidos por nuevas estrellas del teatro político. Parafraseando a Octavio Paz: en nuestra región la democracia no necesita echar alas, lo que necesita es echar raíces.

Y para echar raíces es necesario garantizar la plena vigencia del Estado de Derecho, que es el segundo tema que quiero mencionarles. Respetar el Estado de Derecho significa comprender que hay unas reglas del juego que no admiten excepciones. Significa comprender que es más justo el imperio de las leyes que el de la fuerza. Significa comprender que el poder debe estar distribuido si ha de ser legítimo, y que el control de unos por otros es la mejor garantía para no sufrir vejaciones. Significa comprender que la democracia, con todos sus errores y defectos, es el único sistema político en donde se respetan los derechos humanos y se promueve la realización de los individuos en libertad.

Imaginen, por un momento, una región en donde las normas que regulan el comercio y la producción sean claras y conocidas por todos; en donde los trámites se realicen con velocidad, sin necesidad de pagar un soborno o realizar varias peticiones; en donde cualquier conflicto pueda ser dirimido en los tribunales, que juzgarán con celeridad e imparcialidad; en donde la seguridad ciudadana permita hacer negocios con tranquilidad; en donde se respeten todos los tratados y acuerdos internacionales, y se apliquen estándares universales que faculten el intercambio entre países con distintas legislaciones. ¿No es ésa la región que deseamos todos? ¿No es ésa la región que podría permitirle a Latinoamérica crecer y prosperar?

Por todo esto debemos comprender la urgencia de fortalecer el Estado de Derecho y, en especial, la seguridad de las personas y los bienes, sin la cual no hay competitividad, ni democracia, ni paz. La vigencia de un orden social respaldado en el cumplimiento de la Constitución y las leyes y de una administración de justicia independiente, pronta y cumplida, es una condición necesaria para producir con eficiencia. Pero es también, y acaso fundamentalmente, el mejor antídoto contra una de nuestras más añejas patologías, que de manera muy visible está hipotecando las posibilidades de desarrollo de la región. Hablo de la corrupción. Que es el tercer tema del que quiero hablarles.

Nada lastima más al Estado democrático que la corrupción. Aparte del daño que inflige a la ciudadanía que la padece, la corrupción debilita la legitimidad de las instituciones del Estado. Y cuando la acción estatal no tiene legitimidad, su eficacia se ve seriamente comprometida por décadas. Porque las heridas que causa la corrupción en el corazón de una sociedad sanan lentamente, muy lentamente.

La corrupción no consiste únicamente en utilizar el poder político para el enriquecimiento personal no legítimo. La corrupción es mucho más que la colusión entre servidores públicos y empresarios, o entre servidores públicos y delincuentes, para sacar ventajas ilegales o moralmente cuestionables. Esas son, meramente, sus vertientes más obvias. Hay otras que no están expuestas a la sanción legal y no siempre, ni en todos lugares, se someten al escrutinio de la opinión pública.

Es corrupto olvidar que la participación en la política o en el gobierno exige preparación, desprendimiento, voluntad de servir a los demás y consecuencia entre lo que se predica y lo que se practica, entre la palabra y la acción.

Hay corrupción en el político o el gobernante que confunde sus intereses personales, partidarios o gremiales con los intereses del Estado y de la sociedad.

Hay corrupción cuando los gobernantes y la clase política utilizan el reparto de privilegios y canonjías para despojar a los movimientos políticos, así como a otras organizaciones civiles, de sus principios éticos y de su fortaleza intelectual.

Nuestro reto es restituirle a la democracia la capacidad de descubrir y erradicar todos los matices de la corrupción. En Venezuela, en Costa Rica, en toda nuestra América Latina, la lucha contra la corrupción es la lucha por el futuro de la democracia. Nuestra historia política seguirá siendo una continua mala noticia si nuestras sociedades no muestran, de una vez por todas, que son capaces de romper el ciclo perverso de corrupción, impunidad e irresponsabilidad generalizada que, tristemente, las ha distinguido desde siempre; si no muestran que pueden abandonar los pesados lastres del clientelismo y la venalidad pública que nos condenan a medrar en la antesala de la modernidad.

Las reformas institucionales que precisan nuestros países abarcan tareas grandes, generales y de largo aliento. Todas estas cosas, y muchas más, otorgan contenido a la democracia. Sin ellas, nuestros sistemas son un débil cascarón. En la medida en que fallemos en entender que las instituciones importan, más allá del capricho ocasional de algunos o la conveniencia pasajera de otros; en la medida en que fallemos en regir nuestras vidas por un juego de reglas efectivo e imparcial, la promesa democrática se nos escapará de las manos. La maravillosa posibilidad que hace dos siglos esbozó John Adams, la de labrar “un gobierno por las leyes y no por los hombres”, demanda un compromiso de vigilancia ineludible bajo pena de perder todo lo bueno que durante años hemos construido.

Les he mencionado tres advertencias recurrentes de la política latinoamericana, tres exhortaciones que los gobiernos de la región han despreciado con insistencia a lo largo de las tres últimas décadas. Hoy quiero hacerles una nueva advertencia, una que probablemente ocupe nuestros pensamientos en las décadas por venir: cualquier vulneración a la democracia y a los derechos humanos que ocurra en lo sucesivo, vendrá siempre arropada con atuendos de legitimidad. Para bien o para mal, el discurso democrático es la lengua en la que se comunican actualmente las naciones de América Latina. Las épocas en que los dictadores de la región aplicaban sin cesar la consigna de “a mis amigos, todo; a mis enemigos, la ley”, han quedado atrás. Ningún líder, ni ningún régimen, puede soportar la presión y las sanciones que conllevaría un reconocimiento expreso de vulnerar el orden constitucional o los tratados internacionales. Así es que no busquen ni esperen ese reconocimiento.

Los mecanismos democráticos han evolucionado en los últimos treinta años, ¿por qué no habrían de hacerlo, también, los mecanismos antidemocráticos? Si vamos a abonar en nuestros pueblos la semilla de la duda sana, si vamos a depositar sobre sus frentes la llama de la razón que investiga los hechos y no las palabras, entonces no debemos buscar en el cielo los fuegos artificiales ni el letrero luminoso que indica el lugar, y la forma, en que se cometen actos contrarios a los derechos humanos y a la Carta Democrática de la OEA. Antes bien, debemos ser los portadores de esa luz, iluminar con ella las circunstancias irregulares antes de que sea demasiado tarde.

Durante este siglo será crucial señalar las trampas que subyacen a una apariencia de legalidad. De lo contrario, llegaremos siempre quince minutos tarde para proteger las libertades individuales y las instituciones democráticas de la región. Más que las reuniones cordiales de Jefes de Estado y de Gobierno, más que las floridas declaraciones que en esas reuniones se puedan firmar, más que los congresos y simposios de sede en sede, será nuestra capacidad para intervenir oportunamente en resguardo de la democracia y de la libertad, la que sostendrá la fortaleza y supervivencia de nuestro sistema democrático.

Una vez más quiero denunciar la abierta violación a los derechos humanos que constituye la existencia de presos políticos en este país, una situación que viene, naturalmente, revestida de una falsa legitimidad. Lo digo a pesar de que mis declaraciones me han granjeado fuertes ataques y acusaciones. Pero es entonces cuando más hay que insistir. Es entonces cuando no podemos moderar la protesta. De todos los males en que un demócrata puede incurrir, probablemente ninguno sea más vil que el de guardar silencio cuando se debe hablar sin temor con la verdad. Por eso, quien quiera salir a luchar por esta América asediada por la hipocresía y la ignorancia, deberá enseñarse a sí mismo, como dijo alguna vez William Faulkner, “que lo más despreciable de todo es tener miedo”.

Lo digo y lo repito con fuerza: la liberación de todos los presos políticos es el único tiquete con que Venezuela puede ser nuevamente considerada una democracia que respeta los derechos humanos.

Amigas y amigos:

Más tarde o más temprano las futuras generaciones harán el escrutinio de nuestros aciertos y nuestros errores. He usado la palabra escrutinio. En este caso su sentido podría venir del recuerdo del título que Miguel de Cervantes le diera al capítulo sexto del Quijote: “Del donoso y grande escrutinio que el cura y el barbero hicieron en la librería de nuestro ingenioso hidalgo”, Miguel de Cervantes describe la resolución con que el cura Pero Pérez y el barbero maese Nicolás, condenan al fuego a la biblioteca de Alonso Quijano. Pero a la hora de revisar los libros que con tanta ligereza habían sentenciado, aquellos hombres se dan cuenta de que eran muchas las obras que se defendían solas.

Yo confío en que las obras que hemos construido en defensa de los derechos humanos se defiendan solas y que permanecerán en la biblioteca del tiempo, y que los curas y los barberos de la posteridad, encontrarán en los tomos de estos años que con la tenacidad de la proverbial gota de agua que va horadando la resistencia de la roca, con cada oportunidad que hemos tenido de hablar sobre el respeto a los derechos humanos hemos ido abriendo surcos en los más duros resquicios de la cultura política, autoritaria y vertical, que ha marcado con fuego la historia de América Latina.

He dicho mis palabras en medio de un aire impregnado del olor del pasado. Sirva este encuentro para recordar que la historia, dejada a su suerte, a veces deambula por caminos ya transitados. Es nuestra responsabilidad tomarla de los brazos, llevarla hacia delante, empujarla si es preciso, mostrarle la senda hacia el lugar en que la esperan los hijos no nacidos de esta estirpe humana, que sigue albergando esperanza a pesar de los fracasos.

Quiero reafirmarles mi fe, mi inquebrantable fe, en que es posible revertir las aguas de nuestras naciones, aunque en ocasiones parezcan dirigirse hacia el acantilado. No importa cuántos errores hayamos cometido en el pasado o en el presente, aún en el último peñasco de la razón podemos tirar las amarras. Armados de valor, podemos rescatar de las brasas los libros que presagian un futuro mejor para nuestros pueblos. Sólo así, la obra de los derechos humanos, esta obra inconclusa pero magistral, no será consumida por el fuego.
Muchas gracias.

W "Forum dla Wolności" w Caracas udział wziąć miał także Lech Wałęsa. Z powodów organizacyjnych jego wystąpienie zostało jednak, w ostatniej chwili, odwołane.

W „Forum dla Wolności” w Caracas udział wziąć miał także Lech Wałęsa. Z powodów organizacyjnych jego wystąpienie zostało jednak, w ostatniej chwili, odwołane.

P.S. tierralatina.pl opublikowała też treść wystąpienia prezydenta Ariasa na specjalnej sesji wenezuelskiego Parlamentu, poświęconej „Amnestii i Pojednaniu”.

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